Sindicato critica "presiones" de ANA para facilitar controles

La Asociación Sindical de Profesionales de la Policía (ASPP/PSP) pidió este sábado al Gobierno que no ceda a las supuestas presiones de ANA – Aeroportos para facilitar el control fronterizo en Lisboa con el objetivo de reducir los tiempos de espera.
En una nota, ASPP/PSP afirma que tiene conocimiento de que ANA — Aeropuertos de Portugal “ha estado presionando a la Policía de Seguridad Pública y al Gobierno para que flexibilicen los controles en la frontera de Lisboa, en un claro intento de reducir los tiempos de espera”.
El sindicato PSP consideró “incomprensible e intolerable que el Gobierno” ceda ante los intereses de una empresa privada “cuyo único fin es aumentar sus beneficios”, en un momento en el que el Ejecutivo ha definido el control migratorio como una de sus prioridades.
Según la ASPP/PSP, es “técnicamente imposible” garantizar el nivel de seguridad y control exigido por el Reglamento Schengen y, al mismo tiempo, acelerar el flujo de viajeros en el aeropuerto de Lisboa “sin poner en peligro a toda la comunidad europea”.
ASPP/PSP respalda las recientes declaraciones de su homólogo español: «Mientras Aena [el operador aeroportuario en España] busca beneficios, nosotros somos responsables de lo más importante: garantizar la seguridad y cumplir con los compromisos establecidos en la normativa europea. Bastaría con sustituir «Aena» por «ANA» para ver el mismo conflicto de intereses en el aeropuerto de Lisboa».
El sindicato alertó que “los agentes de policía de servicio en las fronteras están agotados”, ya que nunca ha habido un volumen tan elevado de pasajeros, que sigue aumentando.
“A diario, la ASPP/PSP recibe quejas y solicitudes de ayuda de policías desesperados. Y no solo de sus miembros”, afirmó, destacando que, “aun así, la estrategia de atraer más pasajeros a una infraestructura ya saturada continúa”.
La ASPP/PSP afirmó que “hay una falta de reconocimiento y compensación financiera” para estos agentes y destacó que “hará todo lo posible para garantizar que un operador privado no interfiera en los servicios públicos esenciales, especialmente en la salvaguardia de la seguridad nacional y el Espacio Schengen”.
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